14 de mayo de 2025.
Autor: Daniel López StefoniLa autonomía universitaria es entendida como como la propiedad de poder dictar y regirse por normas propias; etimológicamente tiene que ver con la autoadministración, siendo un concepto distinto al de soberanía. Ha sido una referencia constante en el devenir de estas instituciones por sus efectos en la gobernabilidad interna y en la práctica de la libertad académica. Si bien se trata de un derecho adquirido, el hecho que se supedite a factores que están por sobre el nivel institucional abre espacios para establecer sus límites. Como cualquier condición de autonomía depende de su financiamiento, situación que muestra ahora condiciones inéditas en una sociedad altamente mercantilizada y donde el dinero puede utilizarse para imponer ideas. Las relaciones de las universidades con el Estado no dependen entonces solo del sistema político vigente, sino también de las pretensiones de quien lo administra.
Las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Trump en la Universidad de Harvard y otras de la prestigiosa Ivy League han puesto de manifiesto las contradicciones que surgen de los efectos cruzados entre autonomía, financiamiento y cambios recientes en las universidades, algunos de los cuales incluso ponen en entredicho su legitimidad social como organización. Independientemente de sus desenlaces, es muy probable que generen impactos a nivel nacional, considerando condiciones como: la alta dependencia de las universidades de los fondos estatales con una fuerte competencia entre ellas independientemente de su régimen jurídico; las tendencias corporativas del gobierno en las universidades públicas; y los crecientes costos de gestión derivados de su burocratización. Las respuestas excederán los alcances de las movilizaciones de los estamentos internos o la capacidad de gestión de sus directivos, porque se trata de un asunto más profundo propio del contexto económico-social de esta época.