Para tener en cuenta

3 de diciembre de 2024.

Autor: Daniel López

Probablemente el debate universitario que se inauguró a fines del año 2024 con el anuncio del término del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su eventual reemplazo por el Financiamiento de la Educación Superior (FES) en Chile seguirá activo por mucho tiempo. No podría ser de otro modo si en el sistema de mercado de la Educación Superior, la atención preferente al estudiante, que es proclamada por todas las universidades, tiene que ver con el hecho que cada estudiante tiene un valor económico determinado por lo que su cantidad y su forma de financiamiento son las variables centrales para la sustentabilidad institucional y para la seguridad laboral de académicos y no académicos.

Sin embargo, producto de investigaciones, resultados de encuestas y reuniones con autoridades, surgen otros temas de enorme proyección. En primer lugar, los modelos y diseños de gestión y gobernanza son dependientes de condiciones de mercado las cuales son muy dinámicas y frecuentemente impredecibles. Pero que son enfrentadas como si fueran rígidas, por lo que son muchas veces insuficientes, con secuelas de endeudamientos y quiebras; además del limitado desarrollo académico. Se debe agregar a esto, el panorama internacional que muestra el creciente cierre de universidades y una rápida pérdida de valor de los títulos profesionales en el mercado laboral y con ello de su demanda. La formación superior ya ha sido asumida por otras instancias. El problema no es solo la pérdida de sentido de la Universidad como organización, sino de su sobrevivencia futura. Como contrapartida las autoridades universitarias tienen percepciones mayoritariamente conservadoras respecto de desafíos y riesgos según los resultados de la encuesta EPAES.

Otro aspecto poco considerado ,y que es tan académico como financiero, es la organización de la docencia, anclada en el concepto de carreras con planes de estudios fijos derivado de un cierto activismo curricular. El “túnel” formativo de una entrada y una salida, la no valoración de cursos incluso de carreras casi terminadas, la segregación de docentes, salas de clase y laboratorios por “derechos de propiedad” de las carreras, entre otros aspectos, significan altos costos y menoscabos académicos. Pero la defensa de derechos adquiridos por personas o grupos hace que no sea considerado un problema. Se pueden también agregar, la pobre articulación entre la formación de pregrado y postgrado o la duración de los programas.

Más allá de las contingencias actuales, vale la pena tener en cuenta estos temas inminentes que asoman como críticos.